En la década de los noventa, en Venezuela, surgieron grupos de personas que se desplazaban en motocicletas portando armas de fuego. La policía local los denominó “colectivos”, un fenómeno criminal que nació en la zona conocida como Parroquia 23 de Enero, en Caracas.
Tras el triunfo del golpe de Estado encabezado por Hugo Chávez, aparecieron grupos paramilitares chavistas como La Piedrita, el colectivo Alexis Vives y los Tupamaros. Estas organizaciones armadas fueron incorporadas para la “defensa” del régimen, por lo que obtuvieron impunidad jurídica y armamento. Además, asumieron el control y la distribución de servicios estatales, como la entrega de bolsas de comida (CLAP), el reparto de gas subvencionado y la asignación de viviendas sociales.
Sin embargo, el respaldo económico del gobierno chavista colapsó en 2014 con la contracción del PBI y la caída del ingreso petrolero, lo que obligó a suspender los subsidios estatales de los que gozaban estos grupos. Esto provocó que los colectivos armados se convirtieran en carteles territoriales que tomaron el control de actividades ilícitas e instauraron la extorsión como medio de subsistencia.
Estos “colectivos” adoptaron el denominado “cobro de vacuna”, consistente en exigir cuotas semanales o mensuales a los comerciantes locales a cambio de supuesta protección y del permiso para trabajar. Esta modalidad extorsiva se extendió a los sindicatos de construcción civil —que exigían cupos a los empresarios—, a las mineras, al control de servicios dentro de los penales y a la gestión de trámites en la administración pública.
Ante el colapso de la economía venezolana, comenzó una migración masiva hacia países vecinos. En el Perú, el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski flexibilizó el control migratorio y, entre 2017 y 2018, otorgó el Permiso Temporal de Permanencia (PTP), que permitió a los migrantes acceder a servicios básicos y a oportunidades laborales. De esta manera, llegaron al país 1.6 millones de venezolanos en busca de mejorar sus condiciones de vida.
Sin embargo, junto con la migración formal también ingresaron organizaciones criminales que comenzaron a disputar el control territorial en diversas zonas del país. Las extorsiones se instauraron inicialmente en el sector de la construcción y en los gremios de transporte de carga e interprovincial.
Posteriormente, esta modalidad se extendió hacia bodegueros, peluqueros, mototaxistas, comerciantes de abastos, comedores populares, emprendedores digitales y familias de bajos recursos; sectores cuyo denominador común es la informalidad y el uso continuo de dinero en efectivo.
A diferencia de la delincuencia común, estas redes transnacionales no solo apelan a la intimidación verbal, sino que emplean armas de fuego, granadas y explosivos para sembrar zozobra entre los comerciantes, demostrando que no advierten, sino que actúan.
Según reportes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la población penitenciaria de extranjeros se ha incrementado en un 74 %. En la actualidad, los ciudadanos venezolanos representan el 4.5 % del total de la población penal del país.
Por su parte, los esfuerzos del Gobierno central para contar con un registro real de los extranjeros que ingresan al país han sido insuficientes, especialmente en lo relativo al rastreo de antecedentes criminales. Esta falta de información entorpece la labor de las unidades de inteligencia de la Policía Nacional y de las agregadurías policiales.
A esto se suma que la cooperación de los gobiernos extranjeros ha sido escasa o nula, lo que dificulta fiscalizar el flujo y los montos de dinero que estas organizaciones mueven en el país ni cómo logran introducirlos en el circuito económico formal. En la actualidad, la sociedad peruana exige la protección de sus autoridades para combatir no solo a la delincuencia nacional, sino también a la criminalidad extranjera que busca consolidar en el país las prácticas delictivas que ejecutaba en su lugar de origen.
