Frente a la ola de violencia, extorsión y sicariato que aqueja a nuestras ciudades, la respuesta del Estado y del debate público suele concentrarse en la respuesta de reacción penal: incrementar el número de agentes en las calles, endurecer las penas o prorrogar de forma sistemática estados de emergencia de dudosa eficacia.
Sin embargo, estas medidas se despliegan cuando el delito ya se ha consumado y el daño a la sociedad es irreversible. Para romper este círculo vicioso, es imprescindible transformar el paradigma actual de la seguridad pública: la inteligencia policial debe dejar de ser una herramienta reactiva orientada únicamente a la investigación delictiva para convertirse en el motor principal de la prevención estratégica del delito.
Tradicionalmente, el trabajo de inteligencia en los organismos policiales ha estado sesgado hacia la fase posterior al crimen: recolectar evidencia, identificar a los autores de un atentado y respaldar la acusación fiscal. Si bien esta labor es fundamental para combatir la impunidad, resulta insuficiente si el objetivo es salvar vidas y garantizar la tranquilidad ciudadana. La verdadera eficacia de la inteligencia no radica en reconstruir cómo se cometió un homicidio o una extorsión, sino en predecir dónde y cómo se gestará la siguiente amenaza para neutralizarla antes de su ejecución.
Para que la inteligencia preventiva sea efectiva, requiere un insumo fundamental que hoy suele estar disperso o subutilizado: el análisis sistemático de la información primaria. Esto implica conectar de forma dinámica tres fuentes esenciales:
El procesamiento predictivo de las denuncias: Las denuncias recibidas en las comisarías y unidades especializadas no deben guardarse como meros trámites administrativos o insumos estadísticos estáticos. Cada denuncia por cobro de cupos, amenazas o robos contiene patrones, modus operandi, franjas horarias y territorialidades específicas. Un análisis cruzado en tiempo real permite detectar tendencias incipientes antes de que deriven en atentados o sicariato.
Los canales de inteligencia policial operativa: La información que recopilan los agentes en el terreno, las unidades de contrainteligencia y los informantes debe fluir de forma vertical y horizontal sin trabas burocráticas, convirtiéndose en insumos de acción inmediata para las unidades operativas y de patrullaje.
La integración de fuentes comunitarias: La información aportada por gremios de transporte, comerciantes, juntas vecinales y ciudadanos expuestos directamente al chantaje extorsivo constituye una red de alerta temprana que debe ser canalizada de forma segura y confidencial. La información que proporciona la persona que va a denunciar a las comisarias es valiosísima; lamentablemente los denunciantes día a día sufren la indiferencia del sistema actual.
Cuando la inteligencia fluye de manera oportuna a partir de estos canales, la policía deja de actuar a ciegas. El patrullaje deja de ser un mero despliegue mediático en avenidas principales y pasa a ser un patrullaje inteligente y focalizado, dirigido exactamente a los puntos calientes (hotspots) donde la probabilidad de comisión de un delito es más alta.
Continuar concibiendo la inteligencia policial como un recurso reservado exclusivamente para la investigación posterior al delito, es condenar a la ciudadanía a un rol de víctima permanente. La reforma de la seguridad pública en el Perú exige decisiones valientes: reorientar el Sistema de Inteligencia Policial (DIRIN y unidades territoriales) hacia la anticipación, integrar las bases de datos de denuncias e imponer un modelo operacional donde la información prevenga la sangre antes de que tengamos que investigarla.
Finalmente, dotar de presupuesto inmediato a las DIVINCRIS para una actuación más ágil frente a las múltiples informaciones que recibe, y por que no, destinar presupuesto para las acciones de inteligencia de las Comisarias en cuyo ámbito geográfico presenta mayores índices delictivos.
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