El 27 de octubre último, la presidenta de la Republica Keiko Fujimori visitó en El Salvador el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una mega estructura diseñada para albergar a más de 40 000 reclusos de las pandillas, entre ellos MS-13 (Maras Salvatruchas), Barrio 18 (Sureños y Revolucionarios), gatilleros vinculados a homicidios múltiples, miembros de bandas criminales internacionales, entre otros a los que la sociedad denomina “lo peor de lo peor”.
Ese establecimiento penitenciario tiene una capacidad para hasta 40.000 reclusos distribuidos en 8 módulos principales y 256 celdas comunitarias de concreto, donde los internos no tienen visitas de familiares ni salidas al exterior de las celdas, pasan aproximadamente 23,5 horas al día encerrados en sus celdas, con iluminación artificial encendida las 24 horas del día, entre otras.
Para varios políticos en el Perú, este modelo representa la “receta mágica” contra la delincuencia, bajo la premisa de que las extorsiones y el crimen organizado se dirigen prioritariamente desde el encierro.
Pero, ¿qué dice la evidencia frente a este discurso?
En mayo de 2025, el entonces director del INPE, Javier Llaque, reveló que solo el 0.15% de las extorsiones a nivel nacional provenían de las cárceles. Tiempo atrás, el exministro de Justicia Eduardo Arana detalló que en 2024 apenas el 0.2% de las denuncias por este delito se originaron en penales, y que, en el 2023, la cifra alcanzó un 0.1%. Es decir, las medidas que centran su discurso en la mano dura contra los internos de los penales como receta para frenar las extorsiones, solo se dirigen al 0.2% del total de los hechos que se denuncian a nivel nacional.
Esto no significa que el sistema penal esté funcionando bien. Es innegable que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha colapsado, reina el hacinamiento en los penales y la corrupción en el sistema: cada requisa al interior de los penales expone armas, celulares, chips, sustancias ilícitas e incluso antenas clandestinas de internet.
Sin embargo, militarizar las puertas de los penales mediante un control de ingreso de las Fuerzas Armadas es una medida que tendrá un impacto mínimo. El INPE —organismo que lleva sobre sus hombros el mandato constitucional de reeducar, reinsertar y resocializar al penado— necesita una profunda modernización tecnológica e inteligencia necesaria.
Para recuperar el control real de las cárceles, las soluciones viables y urgentes, aparte de reentrenamiento y capacitación permanente de los agentes penitenciarios, pasan por tres ejes técnicos fundamentales:
Inteligencia y videovigilancia independiente: Los sistemas de cámaras dentro de los penales deben estar completamente operativos, pero no pueden ser administrados por el propio INPE. Su gestión debe transferirse a agentes especializados de inteligencia (DIRIN o DIGIMIN), enfocando la supervisión en perímetros, accesos, visitas y áreas comunes. Tener un registro de personas que visitan, la frecuencia con que visitan, si tienen caso en investigación en común, entre otros de interés.
Control informático y biométrico de visitas: Se requiere implementar un sistema informático con base de datos centralizada e inalterable que registre a cada visitante: hora de ingreso, fotografía, huella dactilar, DNI, parentesco, celda de destino, objetos ingresados y el agente custodio a cargo de la recepción.
Auditoría e investigación penal: Este registro digital y de video (control de visitas), permitirá trazar responsabilidades directas en caso de hallazgo de elementos prohibidos, cruzando imágenes con el historial de visitas. Asimismo, permitirá identificar inmediatamente si los visitantes registran antecedentes o investigaciones pendientes con la justicia.
La tecnología y la trazabilidad de datos ya han desplazado a la simple presencia física y a las rutinas mecánicas. La verdadera reforma del sistema penitenciario necesita aplicar inteligencia, auditoría constante y tecnología donde realmente se necesita.
