El asesinato de cuatro personas, que tuvo como móvil el posterior secuestro y liberación de un minero ilegal que hizo tratos con la mafia para su seguridad, la muerte de una dirigente comunal en San Juan de Miraflores en presencia de sus dos menores hijos, el asesinato de mototaxistas en el Cercado de Lima, Comas, Ancón y Puente Piedra, son los hechos de sangre y muerte con los que hemos amanecido en estos últimos cuatro días.
Aunado a la muerte de 10 personas en la urbanización Manzanilla en el distrito de La Victoria en los ultimos días, el homicidio de Freddy Espinoza (chofer de la empresa Translima) en la Avenida Tupac Amaru en Carabayllo, el ataque en la Av. Venezuela (San Miguel), con ráfagas a choferes de Emisca S.A. y L-10, y otros, demuestra que estamos ante una manifestación creciente de la delincuencia extorsiva y que las estrategias o planes (si lo hubiera), no responden a la realidad existentes.
El discurso de los responsables del sector interior y los mandos policiales suelen centrarse en frases como "los hechos están en proceso de investigación" o "daremos con los responsables".
Desde la óptica de la seguridad pública, la investigación identifica culpables, pero no devuelve vida. Investigar el delito es el último eslabón de la cadena de seguridad pública. El ciudadano no demanda únicamente la captura del responsable o extorsionador; exige condiciones de entorno que impidan que estos actos se realicen.
También evidencian que los Sistemas Nacionales de Seguridad Ciudadana (SINASEC), así como los planes multisectoriales y distritales, han fracasado.
Se ha vuelto recurrente declarar en Estado de Emergencia distritos como San Juan de Lurigancho, La Victoria o San Martín de Porres. Esta medida concibe la seguridad como una exhibición de fuerza militar/policial temporal y no como la aplicación de medidas predictivas coherentes.
Independientemente a ello, no se nos explica cuanto cuesta estos estados de emergencia ni tampoco que se logro con privar de derechos fundamentales del libre tránsito, de la inviolabilidad de domicilio, entre otros a toda la población que vive en la zona declarada en emergencia, por una supuesta medida que "debería ayudar a combatir la delincuencia".
Un análisis breve de los últimos casos de muerte por extorsión, nos enseña que el proceso extorsivo sigue un ciclo claro: Amenaza → Cobro de cupo → Escalada/Atentado a la propiedad → Ejecución/Sicariato. La aplicación de los planes policiales solo se activa en la última fase (cuando ya hay una víctima), dejando la fase de amenaza y cobro completamente desatendida.
Continuar respondiendo a la extorsión con discursos sobre "se va investigar hasta las últimas consecuencias", con patrullajes mediáticos transitorios o parches normativos es perseverar en un esquema que ya demostró su incapacidad para proteger a la persona humana y salvar vidas. Se requiere analizar las estrategias y sobre todo la efectividad de los órganos encargados de la seguridad pública.
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