Pese a estar vencido el plazo judicial, el fiscal César Mendoza Yana mantiene en un limbo el levantamiento del secreto bancario de la congresista Rosio Torres y una sentenciada por narcotráfico, ambas investigadas por el delito de lavado de activos. Un rastro de S/ 3.5 millones y una investigación estancada desde 2016 ponen bajo la lupa la voluntad de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Maynas.
El reloj de arena del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Maynas se agotó, y con el, la paciencia de quienes vigilan el caso “Narcocartas”. El juez Alex Valdez Marrou fue claro en su mandato: la fiscalía debe analizar los estados de cuenta de la congresista de Alianza para el Progreso (APP), Rosio Torres Salinas, y de Ana Luisa Sandi Campos, una mujer que purgó condena por tráfico ilícito de drogas. Sin embargo, en el despacho del fiscal adjunto César Mendoza Yana, el tiempo parece haberse detenido.
Según fuentes del juzgado consultadas por JuezTv, Mendoza Yana —perteneciente a la Cuarta Fiscalía Penal de Maynas— se resiste a dar cumplimiento a la orden judicial. A pesar de la inmediatez que exige el caso, el fiscal aún no remite la Disposición Fiscal con sus respectivos anexos. Sin este documento, el juez no puede emitir la resolución final que ordene a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) abrir los libros contables de Torres y Sandi.
Las cartas que incriminan
La trama que hoy asfixia a la política loretana nació de la confesión. Mientras cumplía su sentencia, Ana Sandi remitió una serie de cartas a medios de comunicación de Iquitos con una revelación explosiva: ella a través de su esposo Samuel Miguel Tamani de la Torre habrían entregado S/ 3.5 millones para financiar la campaña electoral de 2014 de Fernando Meléndez Celis, esposo de la congresista Torres y entonces candidato —posteriormente electo— gobernador regional de Loreto.
Lo que comenzó como un escándalo mediático se convirtió en una investigación por lavado de activos con fondos provenientes del narcotráfico. En 2019, tras tres años de idas y vueltas, la fiscalía halló evidencia objetiva y formalizó la investigación preparatoria, incluyendo en la carpeta a figuras del entorno familiar y político de la pareja Torres-Meléndez.
El camino judicial del caso “Narcocartas” ha sido un desfile de dilaciones. El anterior magistrado, Alixey Swidin Aguirre, ya había detectado que el fiscal Mendoza había omitido actos de investigación cruciales. Tras enviarlo a control con el fiscal coordinador para “corregir deficiencias”, el expediente regresó al juzgado, ahora bajo la tutela del juez Valdez Marrou.
Para sorpresa del nuevo magistrado, las omisiones persistían. Por ello, el pasado 12 de marzo, Valdez dictó una resolución otorgando un plazo improrrogable de 40 días para que Mendoza prepare el requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones y bancario. Además, le ordenó realizar tres acciones fundamentales:
Analizar el expediente judicial por el cual Ana Sandi fue sentenciada por narcotráfico y determinar la procedencia de los fondos que dice haber obtenido; recabar la declaración de Fernando Meléndez Celis para poner en contexto los aportes y gastos realizados por el Movimiento de Integración Loretana (MIL) durante la campaña que lo llevó al sillón regional; y, levantar el secreto de las comunicaciones de Samuel Tamani, esposo de Ana Sandi, para determinar la existencia de comunicaciones entre ambos.
Hoy, mientras el plazo judicial expira, el caso “Narcocartas” amenaza con convertirse en un monumento a la impunidad en el corazón de la Amazonía, protegido por un silencio fiscal que huele a complicidad.
Mientras tanto, en el otro lado de la línea, solo hay tono de espera. Las llamadas y los mensajes de WhatsApp enviados a Mendoza y García Rivasplata se pierden en el vacío. En el mundo de los fiscales cuestionados, no responder es también una forma de declarar: mientras el archivo esté cerrado, el poder sigue intacto. Asimismo, Luciano Calle de la oficina de prensa de la fiscalía de Iquitos recibió el recado para que ambos fiscales otorguen sus descargos, respuesta que nunca se dio.
El blindaje de los intocables
En los pasillos del Ministerio Público, el silencio suele ser el preámbulo de una sentencia, pero en el caso de los fiscales César Mendoza Yana y Ulises García Rivasplata, el silencio es la respuesta a las preguntas que nadie quiere contestar. La inacción fiscal en las investigaciones de alto vuelo no es un error de cálculo; es un patrón que cobra matices oscuros cuando se revisan la trayectoria laboral de quienes deberían perseguir el delito.
César Mendoza Yana, arequipeño de nacimiento, camina bajo la sombra jerárquica de Ulises García Rivasplata. Ambos comparten algo más que la oficina, los cuestionamientos legales. Mendoza ya conoce el sabor de las denuncias por prevaricato y peculado, aunque sus expedientes terminaron, como tantos otros, durmiendo el sueño de los justos en el archivo.
Pero el caso de García Rivasplata roza la ironía de un guion criminal. Sobre él han pesado acusaciones de usurpación de funciones y abuso de autoridad, pero el capítulo más escandaloso es el de patrocinio ilegal. La trama parece sacada de una novela de corrupción: se le investigó por arrendar —utilizando a su pareja como fachada— un inmueble a la exalcaldesa de Maynas, Adela Jiménez Mera, hoy prófuga de la justicia.
La historia de la Carpeta 27-2018 es el ejemplo perfecto de cómo se desmantela una acusación desde adentro. El fiscal adjunto Carlos Ramos Mollocondo tenía a la pareja Jiménez-Ferry contra las cuerdas por presunto lavado de activos. Sin embargo, en un movimiento de poder vertical, García Rivasplata le arrebató el expediente.
Luego el caso pasó a manos de la magistrada Rosa Risco, quien no tardó en sellar el archivo basándose en un informe policial con un argumento casi infantil: las propiedades ya no eran de los investigados porque habían sido “transferidas a terceros”.
La realidad, sin embargo, estaba a solo un clic de distancia en los registros de la SUNARP. Una consulta básica revela que la supuesta pérdida de dominio no fue más que una maniobra familiar: los predios habían sido donados a los hijos de la pareja. Para García Rivasplata, esto fue suficiente. Al no encontrar oposición de la Procuraduría, ratificó el archivo definitivo el 5 de noviembre de aquel año.
El favor no terminó ahí. García Rivasplata volvió a levantar el escudo protector en la Carpeta 11-2015. Con la meticulosidad de quien desea enterrar una verdad para siempre, presentó un requerimiento de 107 páginas solicitando el sobreseimiento (cierre) de la investigación contra la pareja Ferry-Jiménez y todo su entorno familiar.
Un blindaje total, en papel bond y con sello oficial. Hoy, el exfiscal Carlos Ramos Mollocondo mastica la indignación. “¿Por qué se archivan los casos si hay pruebas?”, se pregunta con la frustración de quien vio su trabajo desmoronarse por órdenes superiores. Ramos ya prepara su contraataque: apelará la resolución que archivó la investigación contra García Rivasplata en Iquitos.
Copublicado: Edición 2748 - Caretas / Mayo 14, 2026
