El fiscal Eduardo Castañeda Garay, de la Primera Fiscalía de Crimen Organizado (Fecor), abrió investigación preliminar contra la congresista Rosio Torres Salinas, su exasesor Jesús Sierra Tapia, el exgobernador de Loreto Fernando Meléndez Celis y otras personas, presuntamente integrantes de una organización criminal dedicada a delitos como lavado de activos, colusión agravada, entre otros, según consta en la Carpeta Fiscal 86-2024, emitida en julio último, según señala una nota periodística publicada.
De acuerdo con la resolución fiscal, la pareja Meléndez–Torres habría amasado una fortuna de S/ 29 millones producto de actividades ilícitas. Para ocultar las propiedades de bienes e inmuebles adquiridos, habrían recurrido a familiares, allegados y militantes del partido político Alianza para el Progreso (APP).
Entre las personas bajo sospecha figuran los padres de la parlamentaria, Neri Salinas Dávila y Cirilo Torres Pinchi; sus hermanos Pitín Pérez Salinas, Hayda Torres Salinas y Herbert Torres Salinas; así como su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra, ya investigado por el recorte de sueldos a trabajadores del Congreso. También está comprendida la octogenaria Flor Ruiz López, quien donó parte de su patrimonio a la madre de la legisladora.
Asimismo, están bajo la lupa de las autoridades los excolaboradores del despacho de Torres: Samuel Torres Navarro Chichipe y los hermanos Abigail y Christian Ricarte García Díaz, este último habría adquirido propiedades al contado sin registrar ingresos económicos formales.
Investigación y sustento
El fiscal Castañeda inició el proceso tras evaluar publicaciones periodísticas emitidas el 21 y 22 de junio por el programa Informamos y opinamos (Exitosa TV) que entrevistó al editor e investigador de www.jueztv.com y el programa Contracorriente (Willax TV).
Mediante la Disposición Fiscal 2, del 20 de junio, dispuso la apertura de la investigación preliminar y otorgó un plazo de 120 días a la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la PNP para profundizar las pesquisas.
Según el expediente, Fernando Meléndez sería el líder de la organización y estaría implicado en delitos como otorgamiento ilegítimo de derechos sobre inmuebles, colusión agravada, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, lavado de activos, entre otros.
La Fiscalía también indaga el origen de los recursos que Meléndez estaría empleando en su campaña para postular nuevamente al Gobierno Regional de Loreto, los cuales provendrían de actividades ilícitas como narcotráfico y minería ilegal.
El exgobernador es señalado de colocar a exfuncionarios del GORE Loreto en el despacho congresal de su esposa entre 2022 y 2023, con el fin de obtener y desviar fondos ilícitos, en complicidad con su exasesor Jesús Sierra Tapia, y canalizarlos al circuito económico formal mediante testaferros.
En la investigación, Rosio Torres es identificada como la segunda líder de la red y se le atribuyen los mismos delitos que a su esposo, además de homicidio.
En tanto a Jesús Sierra Tapia se le imputan enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos y lavado de activos, tras detectarse que adquirió 81 inmuebles en Lima y Tarapoto, algunos de ellos estarían subvaluados y fueron pagados al contado.
Otras diligencias
En paralelo, la fiscal Claudia Dávila Chicoma, de la Segunda Fiscalía de Lavado de Activos, abrió la Carpeta Fiscal 39-2025 para investigar a Jesús Sierra Tapia por actos de conversión, ocultamiento y tenencia de bienes.
La investigación se sustenta en un informe de la Dirección de Lavado de Activos de la PNP, que corrobora las denuncias periodísticas publicada por el portal www.jueztv.com sobre la adquisición de inmuebles con pagos al contado y a precios subvaluados.
Finalmente, se conoció que el coordinador nacional de las Fiscalías de Lavado de Activos y fiscal adjunto supremo, Mirko Cano, remitió el 17 de julio a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, copia de la información recopilada para que sea incorporada a la Carpeta Fiscal 103-2023, seguida contra la parlamentaria Rosio Torres Salinas por el delito de concusión (recorte de sueldos), en atención a que goza de la prerrogativa de aforada.
