Hace unos días, a raíz del asesinato de cuatro personas y el secuestro del minero ilegal Jans Lara en la ciudad de Trujillo, escuchamos la declaración de un alto mando policial que pasó desapercibida para la opinión pública, pero no para quienes hemos pertenecido a la comunidad de inteligencia policial.
Se nos informó que la Policía tenía conocimiento anticipado de que se perpetraría un secuestro contra un minero, pero que, al desconocer la identidad de la víctima, optaron por “avisarle a los posibles, para que implementen sus medidas de seguridad”. Semejante afirmación denota un grave desconocimiento doctrinal y constituye un procedimiento inaceptable.
Si bien la inteligencia policial ha evolucionado e incorporado herramientas como la inteligencia operativa, el OSINT (inteligencia de fuentes abiertas) y la Inteligencia Artificial, sus cimientos siguen descansando firmemente sobre el ciclo de producción: Orientación del Esfuerzo de Búsqueda, Búsqueda de Informaciones, Procesamiento y Análisis, y, finalmente, Utilización y Difusión de la inteligencia producida hacia los canales competentes.
El producto de inteligencia se entrega para su explotación a los órganos de inteligencia, escalones operativos y de mando; no debe pasar a conocimiento del público.
Una característica inquebrantable de la inteligencia es la confidencialidad: maneja datos altamente sensibles orientados a proteger la integridad de las fuentes.
Pregonar públicamente que se posee información de inteligencia compromete de manera directa la vida y seguridad de quienes la proporciona.
Ante la sospecha fundada de un inminente secuestro, el Comando Policial de Trujillo debía emitir las órdenes de búsqueda pertinentes para que las unidades especializadas orientaran sus esfuerzos a esclarecer la identidad de la víctima, los blancos, las rutas, los horarios y los medios a utilizar por la organización criminal.
Asimismo, correspondería activar de inmediato la red de fuentes humanas (informantes y colaboradores eficaces). En el ámbito de inteligencia, sabemos que la información sobre delincuencia común y organizada es accesible si se cuenta con fuentes debidamente captadas, entrenadas y respaldadas con fondos operativos.
La región policial de La Libertad cuenta con una unidad de inteligencia dotada de presupuesto, y la propia Dirección de Inteligencia de la PNP (DIRIN) destina agentes para formular planes de inteligencia, cuya efectividad actual se cuestiona.
Los niveles de violencia extremos a los que se ha llegado a tierras liberteñas exigen una revisión profunda de los procedimientos y planes de inteligencia que se vienen ejecutando.
Un plan de inteligencia policial en el Perú es un documento normativo y táctico elaborado por los órganos de inteligencia, el cual detalla objetivos, métodos, fuentes y tareas específicas para neutralizar amenazas delictivas.
Su propósito central es la anticipación estratégica para garantizar el orden interno y proporcionar insumos precisos en la toma de decisiones. Su atributo más valioso es la oportunidad: adelantarse al delito para neutralizar a las organizaciones criminales antes de que consuman sus atentados. ¿Se hizo algo de esto? La respuesta, a la luz de los hechos, es evidente.
