El coronel Harvey Colchado, de la Policía Nacional del Perú, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la adopción de medidas cautelares para evitar su retiro del servicio. Según su abogado, Miguel Pérez Arroyo, esta solicitud responde a lo que considera una “venganza” por parte del Ejecutivo debido a su participación en el allanamiento de la vivienda de la presidenta Dina Boluarte, en el marco del denominado "Caso Rolex".
El pedido de Colchado especifica que el Poder Ejecutivo y el Ministerio del Interior deben implementar medidas adecuadas para proteger su derecho a la vida y su integridad personal, ya que considera que enfrenta una “amenaza permanente e inminente” de ser apartado de la Policía Nacional. Además, el coronel señala que esta medida de retiro sería una represalia por su rol en investigaciones sobre corrupción de alto nivel en el poder y por su intervención en el allanamiento de la residencia de la jefa de Estado.